La violencia intrafamiliar (VIF) sigue siendo uno de los desafíos más críticos que enfrenta el sistema judicial en nuestro país, y en particular, en el Archipiélago de Chiloé. A pesar de contar con una legislación específica —la Ley Nº 20.066— y con la intervención de tribunales y Fiscalía, su aplicación en zonas rurales e insulares presenta barreras significativas.
Durante el 2023, más de 1.250 causas por VIF fueron ingresadas solo en los Juzgados de Familia de Castro y Ancud, mientras que la Fiscalía Local de Castro recibió más de 900 denuncias, un 78% de ellas por agresiones a mujeres y un preocupante 35% con víctimas menores de edad. Estas cifras revelan una crisis que se agrava por la falta de centros de apoyo, baja dotación de personal especializado y largas distancias geográficas que dificultan la ejecución oportuna de medidas cautelares.
Los Tribunales de Familia tienen un rol esencial: dictan medidas de protección, resuelven regímenes de [cuidado/visitas…]* efectividad. En muchas comunas de la provincia, las órdenes de alejamiento o protección quedan en papel por falta de presencia policial permanente o coordinación institucional.
Casos emblemáticos, como el femicidio de Ten Ten en 2021 o la suspensión de visitas otorgada en Ancud en 2022, han marcado precedentes que visibilizan la urgencia de una respuesta más coordinada, descentralizada y preventiva. La Ley Nº 21.057 sobre entrevistas videograbadas representa un avance, pero su implementación en Chiloé ha sido incompleta.
La violencia intrafamiliar no es un hecho aislado, es una manifestación de desigualdad estructural. Para enfrentarla, se requiere más que leyes: se necesita compromiso político, recursos permanentes y una red de protección real, capaz de llegar a cada rincón de nuestro territorio.
Porque en Chiloé, muchas veces el tribunal no es solo un órgano judicial, sino el único refugio posible.